Santa Cruz y la mega minería
Una encuesta para saber la opinión de los santacruceños respecto a los beneficios o perjuicios de la mega minería en esta provincia comenzó a ser realizada esta semana vía telefónica.
El sondeo que consiste en un cuestionario de más de 20 preguntas diversas y que dura cerca de 3 minutos dependiendo de la rapidez de las respuestas; tiene características “anónimas” ya que ni los consultados deben identificarse, ni la empresa que desarrolla el testeo lo hace.
Simplemente al usuario de línea fija al que le ingresa la llamada se lo informa que será sujeto de un cuestionario sobre su opinión de diversos temas.
Vale mencionar que la encuesta es una grabación a la que se responde pulsando los botones del teléfono.
Cuestionario
Cuando inicia el cuestionario se pide que referencie en cuanto edad y sexo, con las opciones 1 y 2; para luego pasar a la grilla de preguntas sobre cuestiones sociales y políticas.
Qué opina de la gestión de Alberto Fernández como presidente en dos meses de gobierno, o cómo evalúa la gestión de Alicia Kirchner en su segundo mandato, son dos preguntas que se destacan en el inicio del cuestionario y que podrían hacer suponer al encuestado que se trata de un sondeo de nivel político.
También se pide la evaluación – con 6 opciones que van desde muy bueno a muy malo – respecto a la situación económica de la provincia; el empleo a nivel general y personal y las perspectivas para el 2020. Una vez que finaliza esta parte del cuestionario, la voz grabada informa que se cambiará de tema y las preguntas se vuelvan directamente hacia el tema de la mega minería.
Impacto
A quienes siguen respondiendo el cuestionario luego de la primera tanda de preguntas se lo consulta sobre su opinión de los beneficios de esta actividad extractiva. En un rango que va desde significativo a muy significativo, se pide respuestas sobre cuestiones de impacto ambiental, impacto laboral y sobre los beneficios económicos para la provincia de Santa Cruz.
También se consulta sobre la opinión sobre si esta actividad genera conflictos laborales, económicos o ambientales y cómo se evalúan los controles de los entes provinciales a las mineras.
Luego se vuelve a informar que se cambiará de tema y así se pasa a una consulta muy puntual: Se van enumerando las empresas instaladas en Santa Cruz dando el nombre de las compañías y de los yacimientos y se pide que se conteste si se las conoce o no.
El cuestionario termina de manera casi abrupta con la frase “muchas gracias por su tiempo”.
Intereses
Es importante aclarar que este tipo de encuestas es relativamente usual, sobre todo en temas electorales y que habitualmente son los sectores con intereses quienes contratan consultoras para evaluar luego en base a la opinión pública, las acciones que se realizarán.
En este caso es evidente que en el 2020, el tema de la mega minería será central en Santa Cruz y que ya sea las empresas o el mismo gobierno están sondeando a la opinión pública para luego actuar.
Cabe recordar que en diciembre de 2019, la provincia de Mendoza había avanzado en un proyecto para habilitar emprendimientos mineros, pero el rechazo popular que incluyó piquetes de vecinos en Navidad y casi hasta las vísperas de año nuevo, determinaron que la Legislatura provincial y luego el Ejecutivo dieran marcha atrás con la iniciativa. Un detalle a tener en cuenta es que en ese momento, el recientemente electo presidente, Alberto Fernández, no opinó al respecto del caso Mendoza. Pero un detalle a tener en cuenta es que meses antes se había reunido con el Lobby minero para aclararles que esas empresas tendrían una “gran oportunidad” si él ganaba.
El debate
El debate en Mendoza no tuvo relación con el impacto económico, sino con el uso de un recurso natural muy escaso: el agua.
La nueva iniciativa modificaba los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 por los que se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico -lo que permite separar los metales extraídos de la roca- y habilitaba la minería metalífera a cielo abierto. Sí se mantenía la prohibición del uso del mercurio.
Además, creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que debía informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.
Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando. Más allá de estos anuncios, y de los argumentos que usaba el gobierno para defender los proyectos mineros, los mendocinos rechazaron de plano la instalación de la mega minería.
¿Que pasará en Santa Cruz? Es imposible anticiparse pero al parecer aquí tienen un escenario más favorable: una Legislatura con “mayoría absoluta” y una sociedad que nunca pudo o supo sostener las posturas en rechazo de medidas que iban contra los intereses comunes, o incluso en defensa de recursos tan esenciales como el agua.
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