Pena de muerte en Argentina 2021

Se me pidió que analice el siguiente resultado asombroso de la encuesta: frente a la pregunta, ¿Estaría de acuerdo con aprobar la pena de muerte para delitos graves?, un 64,7 % de las personas contesto que sí, mientras que solo un 20 % se opuso a la medida.
En las ciencias jurídicas existe consenso en desaprobar la pena de muerte, principalmente porque los sistemas de enjuiciamiento de los Estados son falibles y, esta pena, no admite la reparación de los errores. Una vez que se ejecutó a alguien, el yerro judicial es irreversible. Este es un argumento muy potente y no tiene ninguna respuesta posible.

A continuación, comparto alguna información pública. En 2019, Amnistía Internacional registró 657 ejecuciones repartidas en 20 países del mundo, lo que supuso un descenso del 5% con respecto al año 2018, en que se registraron, al menos, 690 ejecuciones. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Egipto, por este orden.
Estas cifras excluyen a China que se sabe que siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado.
Entonces, 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países del mundo: Arabia Saudita, Egipto, Irak e Irán.

Estos datos lo primero que nos dicen es que se trata de una pena íntimamente asociada con regímenes totalitarios, donde no se reconocen los derechos humanos básicos y donde la homosexualidad es uno de los delitos merecedores de la pena de muerte. Son países donde no existen cifras oficiales sobre los actos de gobierno y las mujeres no cuentan con plenos derechos civiles.
Esto no implica que algunas democracias consolidadas como la de Estados Unidos de América, sobre 50 estados federales, cuente con 29, que todavía aplican la pena de muerte hasta el año 2019. Es el único país de toda América que sigue ejecutando personas, aunque existen otros que cuentan con la ley
pero no la aplican (Cuba, Bahamas, Jamaica, Belice y Guyana, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves (St. Kitts and Nevis), Santa Lucía, Barbados, San Vicente y Granadinas y Granada).
Como vemos, entonces, se trata de una institución en franco retroceso en la región. Y en el mundo, solo subsiste en regímenes totalitarios.

Yendo a la encuesta, el dato sorprende por su entidad, pero no en el contexto donde la política con mayor imagen positiva fue una ex Ministra de Seguridad (39.9%) y donde los encuestados piden una renovación de la política (54,2%) no quieren que gane ni los gobernantes actuales, ni los anteriores.
Todo esto evidencia un descreimiento en los políticos y en sus políticas. La ley penal y el Poder Judicial encargado de aplicarla caen dentro de esas consideraciones. Hoy no existe un problema de lawfare, existe un problema de opacidad de la Justicia, que no abre sus puertas a la ciudadanía y que resuelve sus cuestiones, sólo entre técnicos y lobistas.

Para los encuestados, la Justicia y las penas que esta aplica, son ajenas, inentendibles y muchas veces, sospechosas. Sospechosas de manejos espurios. Sospechosas de que el poder económico resulta indemne frente a ellas. Sospechosas de excesiva influencia de la política. Etc.
Entonces frente a tanto descreimiento generalizado, a tanta “anomia” frente al incumplimiento de las normas, surge la respuesta autoritaria.
Si matan a un corrupto, es un corrupto menos.
Incluso, eso puede servir de ejemplo para otros y para revalorizar la idea que la ley se debe cumplir y todos somos iguales frente a ella. Las ejecuciones en las plazas públicas en la antigüedad tenían esos objetivos.

En las sociedades modernas, que buscan insertarse en el mundo y poner en práctica los postulados posteriores a la revolución francesa de 1789, la pena de muerte no tiene cabida.
Es una pena que no busca reparar el conflicto, que no resocializa, que no admite errores y por, sobre todo, que potencia a los estados totalitarios.

En conclusión, el resultado de la encuesta es esperable en el contexto descripto, pero no es el deseable.
Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil tenemos mucho trabajo por delante para capacitar a nuestra ciudadanía, evitando que la bronca o la desazón, triunfen por sobre la razón.